Abogado experto en extradiciones

Es el procedimiento por el que un Estado pide a otro que le entregue a una persona para juzgarla o para que cumpla una condena. Cuando la persona está en España y la reclama otro país se habla de extradición pasiva. Se rige por la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva y por el tratado aplicable, y en España la tramita la Audiencia Nacional.

Tres. Una fase gubernativa inicial, en la que el Gobierno decide si da curso a la solicitud. Una fase judicial ante la Audiencia Nacional: detención, comparecencia ante el Juzgado Central de Instrucción, vista ante la Sala de lo Penal y, en su caso, recurso ante el Pleno. Y una fase gubernativa final, en la que el Consejo de Ministros decide si entrega o no a la persona cuando los tribunales han declarado procedente la extradición.

La persona detenida debe ser puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción en un máximo de 24 horas. Si la detención se basa en una petición de detención preventiva o en una notificación de INTERPOL, el Estado que reclama tiene el plazo que fije el tratado (en defecto de tratado, 40 días) para presentar la solicitud formal con su documentación. Si no llega a tiempo, la persona debe quedar en libertad, aunque podría volver a ser detenida si la solicitud llega después.

Depende del caso, de los recursos y de la fase gubernativa. Una extradición pasiva suele durar desde varios meses hasta más de un año. Una orden europea de detención debe resolverse en 60 días desde la detención, prorrogables 30, o en 10 días si la persona consiente la entrega.

Es posible. El juez puede acordar libertad provisional con medidas como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas. Preparar bien la primera comparecencia es clave.

Los principales son: que los hechos no sean delito también en España o no alcancen la pena mínima exigida (doble incriminación); que el delito o la pena hayan prescrito; que la persona ya haya sido juzgada por los mismos hechos; que se trate de delitos políticos o militares; que pueda imponerse la pena de muerte o penas o tratos inhumanos sin garantías; que la reclamación responda a motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política; que la condena se dictara en rebeldía sin garantía de un nuevo juicio, o que la persona tenga reconocida la condición de refugiado. También pesan los defectos formales de la solicitud y, en algunos casos, razones humanitarias o de arraigo.

No. El tribunal de extradición no juzga los hechos ni valora las pruebas de culpabilidad: eso corresponde a los tribunales del Estado que reclama. Lo que se examina es si la solicitud cumple la ley y el tratado y si concurre algún motivo para denegarla. Por eso la defensa debe centrarse en esos motivos y no en la coartada.

No hay un impedimento absoluto. Varios tratados firmados por España configuran la entrega de nacionales como una facultad que el Estado puede ejercer o no, según el caso. Dentro de la Unión Europea, la orden europea de detención permite entregarlos con garantías específicas.

Si a la persona se le ha reconocido la condición de refugiado, la extradición debe denegarse. Si pide protección internacional durante el procedimiento, en la práctica la entrega queda en suspenso hasta que se resuelva su solicitud. La motivación política de la reclamación es, además, un motivo de denegación.

Sí. El auto de la Sala de lo Penal que acuerda la extradición puede recurrirse en súplica ante el Pleno de la Sala, en un plazo de tres días. Después cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se han vulnerado derechos fundamentales. Si los tribunales declaran procedente la extradición, el Consejo de Ministros aún puede denegar la entrega; si los tribunales la deniegan, esa decisión es definitiva.

La orden europea de detención se usa entre Estados de la Unión Europea: es un procedimiento solo judicial, más rápido, con motivos de denegación tasados y sin decisión final del Gobierno. La extradición se aplica con el resto de países y combina fases judiciales y gubernativas.

No. Es una petición a las policías de otros países para localizar y detener provisionalmente a una persona. Puede impugnarse ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL.

Llame cuanto antes al teléfono de urgencias. Tenga a mano el nombre completo, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, dónde fue detenido y, si lo sabe, qué país lo reclama. En la primera comparecencia ante el juez se decide si queda en prisión o en libertad, por eso conviene que el abogado intervenga desde el principio.